El mundo ya cambió. Me enviaron un artículo de un académico uruguayo titulado: “Me cansé… me rindo…”, donde decide renunciar a su cátedra, porque ya no puede con sus estudiantes. “Después de muchos, muchos años, hoy di clase en la universidad por última vez. Me cansé de pelear contra los celulares, contra Whatsapp y Facebook. Me ganaron”, sentencia.

Respondí a la maestra Carmen, quien me lo compartió: me parece muy extremo. Debemos aprender a convivir con la modernidad, subirnos a la ola y, en su caso, utilizarla para enseñar. No se puede luchar contra la tecnología, hay que usarla.

Entiendo que, en ocasiones, puede ser frustrante tratar de mantener una conversación, cuando el receptor se encuentra inmerso en la consola. Pero ésta ya está aquí y no sólo para esparcimiento o moda, es un instrumento de “otro mundo”, para el trabajo, la conectividad y la eficiencia. Ya recuerdo yo escribiendo tareas en máquina de escribir y hablándole a mi novia desde un teléfono público bajo la lluvia.

Tal vez no se trata de odiarla o excluirla, sino de aprovecharla y administrarla. Vayamos con la niñez y la adolescencia, primero, nacen en la era de las maravillas modernas, pero, más aún, de acuerdo con la ley general de niñas, niños y adolescentes, “gozan del derecho de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet establecidos en la Constitución…”

Entonces, partamos de esa premisa, es un derecho para ellos y una obligación para nosotros y para el Estado. Para las y los académicos que tiran la toalla, sugeriría que analicemos de qué manera podemos transmitir el conocimiento, utilizando sus mismas estrategias. ¿Será posible? ¿será que en realidad no están prestando atención o que es más grande la animadversión que no nos permite aceptarla?

Para los padres de familia, donde todavía puede existir una medida de control al interior de los hogares, ¿se podrá administrar? Ya en otras entregas de esta columna, me he referido a las herramientas de control parental, a la comunicación necesaria con nuestros hijos e hijas, para hacerles ver los riesgos asociados y, agregaría, la posibilidad de limitar el tiempo de exposición vs. convivencia familiar, lo que implica que los adultos también debemos poner de nuestra parte y convivir.

En mi caso, durante muchos años me resistí a las redes sociales. No obstante, en constantes pláticas con sobrinos y sobrinas y con colaboradores y colaboradoras más cercanas a estos asuntos, me di cuenta de la importancia de asumirlas y administrarlas, con seguridad y responsabilidad, sobre todo, con nuestra infancia.

Prueba de ello, con mucho gusto les comparto una comunidad segura que integramos en la página web www.joseluisayoub.com, donde nos abrimos a la comunidad cibernética, precisamente, por la defensa de la seguridad infantil. Los invito a sumarse e innovar en pro de la niñez, futuro de esta gran nación.

La ley del Instituto Mexicano de la Juventud, establece que la población mexicana, comprendida entre los 12 y 29 años, son considerados jóvenes.

Con datos del INEGI-2020, en México viven 37.8 millones de ellos, lo que representa 30 por ciento del total de la población. La distribución por sexo es casi de la mitad, y el mayor número de ellas y ellos —10.8 millones—, tienen entre 15 y 19 años.

Son 35.3 millones los usuarios de Internet y casi todos, 33.9 millones, interactúan en redes sociales. De aquí la importancia de las recomendaciones en mi columna del 30/07/22, Heraldo de México, donde presento pautas para el control parental en Internet.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano de la CDMX, en su reporte anual sobre trata de personas, los tratantes captan a sus víctimas, en 12 por ciento, por medios digitales.

Como vemos, niñas, niños y adolescentes ¡son el futuro de esta gran nación! por lo que estamos obligados a brindarles herramientas estratégicas que fomenten su desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación.

El 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud. En este marco, hago el llamado, de la mano de Aldeas Infantiles SOS México y organizaciones civiles, a todas y todos los legisladores, para que aceleren el análisis de las iniciativas y expedición de la ley general en materia de personas jóvenes.

El 24 de diciembre de 2020 se reformaron los artículos 4 y 73 de nuestra Constitución, incluyendo la obligación del Estado de promover el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural, así como la facultad del Congreso de expedir leyes con la concurrencia de la federación, entidades federativas y municipios.

 En su segundo transitorio, desde hace más de un año y siete meses, existe el mandato popular de que el Congreso de la Unión expida la ley, pero no ha sucedido.

Resulta fundamental que se dé cumplimiento al transitorio, para que exista un cuerpo legal específico de protección y defensa a jóvenes y, sobre todo, que considere su derecho a la vida, a formar parte de una familia, educación sexual, capacitación y oportunidades de empleo y condiciones adecuadas de trabajo, así como incluir a todos los grupos de población joven como indígenas, migrantes o en situación de calle.

De acuerdo con Aldeas Infantiles, las iniciativas actuales no los reflejan.

En el Día Internacional de la Juventud, todas y todos debemos refrendar nuestro compromiso con ellos y ellas. Eliminar, de una vez por todas, la discriminación por edad.

¿Cuántas veces hemos escuchado, ante una oferta laboral, que no los contratan por falta de experiencia? ¿Cómo van a tenerla si no se les brinda la oportunidad? Lo mismo sucede en materia participación política, derechos humanos, salud y justicia. Solidaridad intergeneracional es la clave. ¿Ya la estás implementando?

Hoy 30 de julio, se conmemora la lucha contra este delito que, en los últimos 5 años, registra 43 casos por mes. ¿Sabes cómo protegerte?

Hoy conmemoramos la lucha mundial contra la trata de personas. En un principio se le llamó trata de blancas, ante la comercialización de mujeres de tez clara. No obstante, en su concepción más amplia y moderna, se reconoce y protege a todos los seres humanos, sin distinción de raza, género o condición social.

En este contexto y, reiterando su enérgica condena en contra de esta grave amenaza, en diciembre de 2013, las Naciones Unidas designaron el 30 de julio, como el día mundial para su concientización.

También es importante reconocer que no sólo es explotación sexual, nuestra ley vigente, desde 2012, recoge 10 modalidades más: 1. Esclavitud, 2. Condición de siervo, 3. Explotación laboral, 4. Trabajo forzado, 5. Mendicidad forzada, 6. Utilización de niños en actividades delictivas, 7. Adopción ilegal, 8. Matrimonio forzoso, 9. Tráfico de órganos, y 10. Experimentación biomédica ilícita.

Las cifras de este flagelo son abrumadoras y en evidente crecimiento mes con mes. Con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en los últimos 5 años y en lo que va de 2022, se han registrado 2,838 casos. En promedio, 43 casos mensuales de trata de personas -sin contar los no denunciados-. El 14 % de ellos son hombres y el 86 % mujeres.

De éstas, la mitad son menores de 18 años.

En 2022, las entidades más peligrosas para niñas, adolescentes y mujeres en materia de trata, son el Estado de México, CDMX, Chihuahua, Baja California y Nuevo León. Edomex y N.L. también encabezan en feminicidio.

Tratar a una persona es reclutarla, transportarla, albergarla, mediante amenazas o el uso de la fuerza (engaño, abuso de poder, pagarle al tutor), con fines de explotación en cualquiera de sus modalidades. Como se ha comentado en artículos previos, si los fines son de explotación, van a ir a la cárcel hasta por 40 años.

Un análisis mundial reveló que la mayoría de los enganches sucede con una promesa de vida mejor y lejos de su comunidad. Esto toma relevancia, primero, con la pandemia y, segundo, con el auge de las redes sociales. Todos y todas hemos sido testigos de mensajes, ofreciendo trabajos atractivos y condiciones irreales.

Aquí es donde, para contribuir con la conmemoración y acercarnos a erradicar su ocurrencia, insistimos en la importancia de: 1. Hablar del tema con nuestros hijos, generar conciencia de que sí sucede; 2. Acompañarlos a través de herramientas de control parental; 3. Nunca proporcionar datos personales o fotos íntimas; 4. Establecer con ellos, situaciones que representen una alerta inmediata; y, 5. Denunciar. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX cuenta con una Unidad Cibernética muy activa y con campañas permanentes.

La trata de personas está afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Te invito a convertirte en un verdadero defensor de la seguridad infantil y decirle NO, de la mano de nuestros infantes, a este monstruo que también se esconde detrás de las redes.

POR JOSÉ LUIS AYOUB

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@jlayoub

Los casos de abuso a niños y niñas incrementaron hasta en un 496 por ciento de 2020 a 2021. Cualquier tocamiento, insinuación o acto violento está penado.

Existen muchas acciones que, sabiéndolas terribles, la gente sigue justificándolas o seudonormalizándolas pero, aunque las quieran disfrazar, si las cometen, van a ir a la cárcel hasta por 30 años. Amén gracias, cada vez son más las niñas, niños y adolescentes que están informados, son valientes y denuncian -el 65% de las veces, es la víctima quien lo reporta-, así como una sociedad civil y autoridades comprometidas con detenerlos y encerrarlos.

De acuerdo con el informe especial de abril 2022, Créeles, siempre dicen la verdad, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, informó que los reportes por abuso sexual infantil incrementaron en un 496 por ciento de 2020 a 2021. El 72 por ciento de las veces ocurre en el hogar y, en siete de cada 10 casos, el agresor es un familiar, los principales, un conocido de la familia, tío, primo, padrastro, papá y abuelo, en ese orden. El 45 por ciento, son niños y niñas de entre 4 y 11 años de edad.

De los datos que recaba el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cinco años y hasta el 31 de mayo de 2022, se iniciaron 10,289 carpetas de investigación por el delito del fuero común de corrupción de menores; un promedio de siete casos diarios y con un visible incremento en la incidencia, año con año.

Analicemos, más allá de la corrupción de menores, dos tipos penales federales. Comete el delito de abuso sexual, quien ejecute en menor de 15 años, actos sexuales sin llegar a la cópula. Así que vas a ir a la cárcel si realizas tocamientos o manoseos corporales obscenos en un niño, niña o adolescente; representas actos explícitamente sexuales enfrente de ellos; lo pones a observar un acto sexual o le pides que exhiba su cuerpo. No es un juego ni es normal que, de manera lasciva, te aproximes a un ser humano.

Comete el delito de violación equiparada, quien aún sin violencia, realice cópula con persona menor de quince años. También si se introduce cualquier elemento o instrumento. Si te acercas con estos fines, vas a ir a la cárcel.

La legislación penal federal y estatal tipifica diversos actos como delitos sexuales contra personas que no han alcanzado la mayoría de edad, con variadas características y consecuencias jurídicas. No obstante, el común denominador se conoce y, estoy seguro, que está plenamente identificado por las y los agresores. Así que la intención amoral y lasciva, llevará a las consecuencias.

Ya basta de solapar, ya basta de abusar de la infancia. Vamos a continuar informando, concientizando hasta el extremo y, si agredes, te van a atrapar.

Ni un niño, niña o adolescente más debe sufrir agresión de nadie, mucho menos de las personas cercanas en quiénes deberían poder confiar. ¡Son el futuro de esta gran nación!, debemos estar muy atentos, denunciar y alentarlos a hacerlo. Conviértete en un verdadero defensor de la seguridad infantil.

En tercera ronda, toda vez que en las dos primeras no se pudo llegar a ningún acuerdo y, ante la polémica sobre posibles vicios en el procedimiento de votación, María del Rosario Piedra Ibarra, entre empujones y jaloneos, tomó protesta el 12 de noviembre de 2019, como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH.

¿Era la candiadata más adecuada para llevar a la CNDH a su siguiente nivel? No lo podemos saber. No obstante, a falta de un análisis profundo sobre su perfil, podemos llegar a algunas conclusiones en contraste.

Arturo Peimbert Calvo, su contrincante más cercano, con 24 votos contra 76, se desempeñó en los últimos siete años como Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Asimismo, según se puede leer en las benditas redes sociales, fue o es miembro de la Federación Iberoamericana del Ombusman, de la Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, del Consejo del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, del Consejo Estatal de Seguridad Pública, del Consejo Estatal para los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como del Consejo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres. Abogado.

Rosario Piedra Ibarra, de la misma fuente, se le identifica como activista, hija de Rosario Ibarra de Piedra, integrante del Comité ¡Eureka!, candidata a diputada por Morena en Nuevo León -sin ganar la elección- y, secretaria de Derechos Humanos del CEN de ese mismo partido político. Psicóloga y Maestra en Psicopedagogía.

Jesús Orozco Henríquez, el menos favorecido con ocho votos, durante siete años se desempeñó como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habiéndola presidido en dos ocasiones; 16 años Magistrado Electoral; investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y, consejero del Consejo Consultivo de la CNDH. Abogado, Maestro y Doctor en Derecho.

Un mes antes, el 23 de octubre de 2019, Rosario Piedra recibió la medalla Belisario Domínguez a nombre de su madre, pero no se llevó la medalla, en su lugar, la puso en custodia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pidiéndole que se la devuelva, una vez que encuentren la verdad sobre el paradero de sus hijos y familiares.

De aquí que, la selección de Piedra Ibarra para la Presidencia de la CNDH, pueda leerse como una suerte de favoritismo o apuesta, no tanto a la preparación o experiencia en la materia, sino a la sensibilidad que puede tener por tantos años de activismo o, también, como la preparación del escenario para evidenciar o esperar su propio fracaso. En ambos casos, lo que se encuentra en juego es la protección y defensa de los derechos humanos.

Amén de las renuncias de los integrantes de su Consejo Consultivo y la falta de posicionamiento ante violaciones de los derechos humanos, la propuesta más reciente de Rosario Piedra es la desaparición de la propia CNDH, lejos de las posturas iniciales ante el Senado, de reestructurarla y fortalecerla, para establecer en su lugar la Procuraduría de los Pobres.

Al respecto, es de resaltarse que la mayor parte de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, inician con el sustantivo “Todos” como, por ejemplo, el 1o. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales…” o, el 2o., “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Sea cual sea la lectura correcta, una de ellas parece quedar cada vez más clara, conforme transcurre el periodo de Rosario Piedra al frente la CNDH. Las y los invito a llegar a sus propias conclusiones. Ya el tiempo nos dirá.

Esperando siempre que, permanezca o se materialicen o no sus estrategias, se pueda llevar a la CNDH mexicana, a su siguiente nivel.

Este domingo 6 de junio el voto definirá a nuestros diputados y gobernantes. El fraude electoral se puede evitar a través del sufragio. ¿Ya sabes por quién votar este domingo?

Se habla de ejercer el voto útil o voto de castigo y, en este proceso electoral, generalmente estos términos se utilizan para polarizar. Votar y ser votado es un derecho consagrado en nuestra constitución, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

¿Qué requisitos debe tener un candidato? Podemos ser o elegir, mediante el sufragio, a nuestros gobernantes y diputados. De hecho, para ser votado a cualquier cargo de elección popular, no se requiere comprobar algún nivel académico o capacidad técnica.

¿Por qué por ejemplo un diputado no debería, por lo menos, contar con una carrera técnica? Porque el propósito de la representación popular no es que el candidato electo aumente las capacidades de los ciudadanos, sino que represente sus intereses y necesidades.

Por regla general, para ser gobernador se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento y de padres mexicanos, mayor a los 30 años, con residencia efectiva en esa entidad. Como vemos, requisitos de identidad, pertenencia y no de capacidad.

De esta manera y, aún cuando sí considero importante que un gobernante se encuentre preparado académicamente -lo que sin duda aporta al debate-, lo más relevante es esa parte de decisión que cedemos a través del voto, para que actúen políticamente en nuestro nombre.

Se considera que las candidaturas plurinominales, aquellas asignadas en función del porcentaje de votos que recibe cada partido político, traen un balance ante la ausencia del requisito de preparación académica en nuestros legisladores. Aunque habría que analizar si esto es así.

Entonces, ¿por quién y por qué debemos votar en las elecciones del 6 de junio? ¿por una o un candidato específico? ¿por algún color determinado? ¿ejercer el voto útil o el voto de castigo?

Yo les digo que lo único que no debemos hacer es no votar. Visitemos las casillas este domingo 6 de junio y votemos, organicémonos con la familia y amigos y vayamos a sufragar, formemos parte de esta fiesta cívica.

¿Cuál es la importancia de las propuestas de campaña y la identidad política? Si no sabemos por quién votar, por cuál candidato o por qué partido, un buen atajo puede ser, precisamente, fijarnos en aquellos candidatos o candidatas que, en su trayectoria personal y profesional, así como en sus propuestas, sean afines a nuestros intereses, necesidades y de nuestra comunidad. La identidad puede ser una herramienta de decisión efectiva en las urnas, más allá del voto útil o de castigo.

Salgamos todos a votar. Recordemos que cada voto cuenta, si tu candidato no gana, de todas formas, tu voto aporta para la distribución de las 200 diputaciones federales entre todos los partidos políticos, lo que fortalece la pluralidad.

Tu voto también cuenta para invalidar los argumentos de fraude electoral. En la medida que venzamos al abstencionismo, en esa misma forma se consolidarán las elecciones 2021. En 2018 salimos a votar por diputados federales 55.9 millones de ciudadanos, ¿están dispuestos a romper ese umbral en 2021? #YoVoto2021

En el ejercicio de la democracia, México dividió las responsabilidades en tres poderes de la Unión, ¿Cuál es el peso específico de cada uno?

La responsabilidad del país se reconoce en el poder ejecutivo, pero ¿qué hay del legislativo y judicial?

En nuestro país es común que sólo reconozcamos a un solo poder nacional, y a una única persona, sobre todos lo demás y que consideremos que en él recae la encomienda de conducir el destino de más de 126 millones de mexicanas y mexicanos.
No obstante, tal vez menos reconocido, pero la misma carta magna establece que el supremo poder de la federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. Sin que puedan reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación y, mucho menos, el legislativo en un individuo -lo que sí sucede con el ejecutivo-.

La idea antes plasmada es la denominada separación de poderes, donde su ejercicio, la toma decisiones y el control, se divide en distintos actores o entes para que existan pesos y contrapesos, lo que permite que se limiten entre ellos y exista un mutuo respeto, ninguno debe prevalecer sobre el otro, buscando un equilibrio sano y democrático.

Si esto es así y la constitución lo consagra, ¿quiénes son esos tres titulares que representan a los poderes federales?

En el ejecutivo, desde donde se conduce al gobierno federal y se ejecutan las leyes, lo tenemos muy claro, Andrés Manuel López Obrador.

Para el judicial, aún cuando su ejercicio se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en distintos tribunales y juzgados, lo representa Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien funge por 4 años como presidente y no puede ser reelecto para el periodo inmediato posterior.

La representación del legislativo se nos complica un poco más, por que existen dos cámaras, la de 500 diputados y la de 128 senadores y que unidas, conforman el congreso general, en el cual se deposita el poder legislativo.

Al respecto, existe un presidente de la mesa directiva de la cámara baja y es quién preside las sesiones del congreso bicamaral, se dice que, inclusive, es el único que no debe ponerse de pie cuando el ejecutivo ingresa o abandona la sede parlamentaria.

Su titular es elegido por el voto de las dos terceras partes de los diputados y dura en funciones un año con posibilidad de ser reelecto. Hoy su presidente es Sergio Carlos Gutiérrez Luna.

Hasta aquí, un punto relevante, aún cuando los contrapesos están plasmados en la constitución, el ejecutivo dura en su cargo 6 años y es elegido por voto popular, el judicial 4 años y designado por 11 ministros, previamente propuestos por el ejecutivo y, el representate del legislativo, tiene un cargo de un año, designado por las bancadas y con posibilidad de reeelección.

En estos términos, caben dos reflexiones: 1. A simple vista, la responsabilidad de la sana conducción del país, así como su peso específico es mayor en el ejecutivo, incluyendo su legitimación por su método de selección; y, 2. Paradógicamente, con la división señalada, la obligación de mantener la estabilidad de México, corresponde de manera solidaria a los tres poderes soberanos y sus estructuras.

Claro, sin olvidar que la soberanía nacional, el sustento de todo, reside esencial y originariamente en el pueblo. ¡Hagamos lo propio!

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación para aplicar sus propios sistemas normativos, pero ¿hasta dónde llega esa autonomía, especialmente cuando se trata de la integridad de las mujeres? Esta colaboración pretende exponer, desde la óptica de los derechos humanos, así como de los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las fronteras del derecho que le asiste a las comunidades en función de sus normas consuetudinarias.

Aun cuando la Constitución ha reconocido que nuestra nación tiene una composición pluricultural sustentada en los pueblos originarios, especialmente desde la reforma indígena del 14 agosto de 2001 y de su fortalecimiento con la del 10 de junio de 2011, el análisis entre la libre determinación y los derechos humanos ha tomado relevancia a raíz de diversos casos en los que se han visto vulneradas las garantías individuales de algunos menores, bajo el amparo de los usos y costumbres.

Como veremos más adelante, al parecer no se trata de un problema legislativo o de normas, pues las vigentes son protectoras. En todo caso, estamos ante una situación de aplicación y supremacía de la ley, así como de concientización de las prerrogativas de las mujeres y de su posición como seres humanos y no como cosas sujetas al libre mercado.

El caso más reciente es el del matrimonio forzoso de una menor de edad na savi, obligada a contraer nupcias a los 11 años y que, ante la ausencia de su esposo, escapó de su suegro después de varios intentos de violación. Fue encarcelada por la policía comunitaria, junto con sus hermanas y su abuela, tras reclamarla este último como de su propiedad y para recuperar lo que pagó por ella para su hijo, más los intereses devengados.

En principio, las normas comunitarias permitieron el matrimonio forzoso y su posterior encarcelamiento. Esto, sin considerar que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos establece penas de prisión hasta de 10 años a quien obligue a contraer matrimonio a una persona de manera gratuita o a cambio de algún pago.

Asimismo, el Código Penal de Guerrero tipifica como delito con penas privativas la violación, la equiparada y el abuso sexual de menores de edad, y el Código Civil establece que es un impedimento para contraer matrimonio la falta de edad requerida por la ley. Amén de que los instrumentos internacionales de los que México es parte señalan que no podrá contraerse legalmente esta unión sin el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes y sin contar con la edad mínima.

Entonces ha quedado planteado el conflicto entre la protección constitucional a las mujeres, los derechos humanos, las leyes secundarias y los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas. Nuestra Ley Suprema contempla, en su artículo 2º, apartado A, fracción II, que están facultados para aplicar su propia normativa en la regulación y solución de conflictos internos, pero sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad y la integridad de las mujeres.

A su vez, el máximo tribunal del país ha emitido criterios al respecto en los que reconoce que: a) la mera existencia de una norma de usos y costumbres no implica su aplicabilidad inmediata, toda vez que es posible que su aplicación pueda afectar los derechos humanos de la misma comunidad; b) el reconocimiento a la libre determinación no conduce a estimar que la violencia familiar pueda estar por encima del principio del interés superior del menor, previsto en la misma Constitución, y c) ese derecho no es absoluto, ya que reconocerlo no implica soberanía, sino la facultad a determinar su camino, pero preservando la unidad nacional y respetando el orden jurídico vigente y los derechos humanos, por lo que, por ejemplo, dichas autoridades no pueden dictar órdenes de aprehensión ni de cateo, ya que sólo puede hacerlo un juez establecido y respetando las formalidades escenciales del procedimiento.

De esta forma, el conflicto existe, por lo que la resolución de este antagonismo jurídico, en todo caso, debe resolverse privilegiando al individuo, su dignidad y sus derechos, y reconociendo los distintos sistemas de valores que conviven en nuestro país, logrando un consenso mínimo para que la multiculturalidad se consolide, sin que en ningún caso implique violentar los derechos humanos.

“Se puede comprender, mas no justificar, la larga tradición de ciertas prácticas sustentadas en los usos y costumbres, pero existen principios universales que debemos fortalecer en todos los rincones, y si éstos son violentados, el Estado, a través de sus órganos facultados, debe restablecer el balance. Más allá de la anterior posición normativa, es nuestra obligación proteger a niños, niñas y adolescentes. Son el futuro de México.”

POR JOSÉ LUIS AYOUB

Publicado originalmente en: https://www.revistaabogacia.com/usos-costumbres-y-derechos-humanos/

Entre los miles de migrantes que viajan a la frontera norte, se encuentran niños, niñas y adolescentes que sufren la falta de oportunidades.

El tema es fundamental para los derechos humanos, pero además, varios acontecimientos lo pusieron fuertemente sobre mi mesa.

En mi reciente viaje a Valle de Guadalupe, Baja California, compartí vuelo con familias de origen haitiano y, en la charla, me contaron su intención de buscar el sueño americano. Recordé que en 2016 arribaron al estado más de 15 mil migrantes. Muchos lograron cruzar a estados unidos de manera legal, otros se establecieron e integraron activamente en la comunidad.

Por estos tiempos, tuve la oportunidad de visitar a Betsabeé Romero, artista plástica cuyo trabajo tiene su base, precisamente, en el fenómeno de la migración y, con énfasis, en la frontera norte. A través de sus obras -intervención en vehículos y llantas-, me llevó a la reflexión sobre la terrible situación que atraviesan los migrantes desde que abandonan su lugar de origen. Muchos de ellos son niños, niñas y adolescentes, viajando en familia o por su cuenta. Inmerso en esta reflexión, nos enteramos de lo que puede ser uno de los hechos más detestables e inhumanos de la historia reciente en el tráfico de personas. Sesenta y siete seres humanos -mujeres, hombres, niñas y niños-, encerrados y dejados a su suerte en un camión a altas temperaturas.

Muchas son las razones que originan este fenómeno, pobreza, falta de oportunidades laborales, de educación de calidad, delincuencia. No obstante, hoy quisiera motivar un ejercicio de reflexión, sobre qué podemos hacer para ayudar. Sabemos que transitan familias enteras, adultos, no obstante, debemos prestar especial atención en los niños, niñas y adolescentes que lo padecen. Si son el futuro de esta gran nación, cómo esperamos una transformación, sino les estamos dando las herramientas básicas, ni la debida defensa y protección. https://d-27615800631114002555.ampproject.net/2206101637000/frame.html

Entre 2015 y 2020, el INEGI registró casi 803 mil mexicanos emigrando del país. De estos, el 13 por ciento eran menores de 18 años. Las principales razones detectadas para emigrar, son buscar reencontrarse con la familia y mejorar su situación económica.

1. En principio, debemos concientizarnos y concientizar, que no se trata de invasores, sino de seres humanos con necesidades, anhelos y derecho a una mejor vida. Son nuestros prójimos. 

2. Tener un mayor énfasis en la capacitación y sensibilización a las autoridades vinculadas de la Secretaría de Gobernación y, sobre todo, del Instituto Nacional de Migración. Durante 2018, casi 32 mil infantes migrantes fueron presentados ante el INAMI; más de mil 200 viajaban solos. 

3. Fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo valioso a las personas en tránsito o en espera de resolver su situación legal. 

4. Buscar, informarnos y acercarnos a los organismos de ayuda a migrantes que operan en nuestra ciudad. Por ejemplo, Aldeas Infantiles SOS México, con quienes participo, brinda hogares temporales a niños y niñas migrantes, podemos donar. Recuerda que todas y todos, voluntaria o involuntariamente, hemos sido o somos migrantes, seamos empáticos.

México ocupa el primer lugar en acoso escolar. Más allá de lo penal, la prevención es responsabilidad de padres, maestros y autoridades.

En mis años de primaria, pero sobre todo en la secundaria, como muchos otros alumnos, fui víctima de acoso escolar. No conocíamos el término bullying, pero seguramente se manifestaba igual que hoy. En México, ocho de cada diez alumnos lo han sufrido, posicionándonos como el primer lugar del mundo.

Por regla general, parecería unidireccional, yendo del agresor o agresores, hacia la víctima. El problema inicial está en ellos, en su interior y entorno. Asuntos personales, familiares, que traspolan a su objeto de molestia.

No obstante, también los adultos, siembran un campo fértil, para que éste pueda acontecer. Es interesante que en mi secundaria de Mexicali, el logotipo escolar era un monaguillo con el ojo morado.
Entonces, es un fenómeno multidireccional que involucra, en su prevención y atención, a los padres, agresores o agresoras, cuerpo docente y autoridades. No es sencillo abordarlo, pero sí es responsabilidad de todas y todos detenerlo.

Por ejemplo, los profesores en mi instituto, eran asiduos a encargar la lista de asistencia o a cuidar el salón, al alumno o alumna preferida, cuando éstos no estaban presentes o entregarle los exámenes para que los calificara a la vista de todos.

Mi experiencia sucedió hace más de 30 años y, revisando los criterios de la Suprema Corte, no es sino hasta octubre de 2015, cuando encuentro la primera referencia al término bullying escolar. Siempre ha estado presente, todos tenemos una historia que contar pero es, hasta hace poco, que lo estamos reconociendo como un verdadero problema y abordando.

La Corte destaca dos características propias de este atentado:

1. Agresiones o amenazas -físicas, verbales, psicológicas, sexuales, exclusión social- y,
2. Que ocurren de manera reiterada en el tiempo.

La protección ha avanzado, hoy en día, no sólo es escolar, puede ocurrir en cualquier parte, edad o situación, incluyendo el cyber-bullying o el mobbing (acoso laboral), entre otros.

¿Dónde denunciarlo? Existen distintas instancias, la SEP cuenta con la línea 800 11 22676, el Consejo Ciudadano CDMX al 55 5533 5533 o, podemos acudir directamente, ante las autoridades de la escuela o las Procuradurías de Protección de niñas, niños o adolescentes. No obstante, una pregunta relevante es, ¿qué sucede con las denuncias? ¿para qué denunciamos?

En principio, existe normatividad que más que sanciones, establece normas de convivencia, de resolución de conflictos, medidas de protección. En cuanto a posibles sanciones penales, éstas no están integradas en un sólo cuerpo legal, sino que se configuran de manera específica para cada caso, como el delito de lesiones, acoso sexual o la omisión de cuidado y auxilio en la que incurren los docentes.

Independientemente de la necesidad o no de legislar en la materia, la prevención y erradicación debe empezar en casa, con la educación, valores y amor al prójimo que inculcamos en nuestros niños, niñas y adolescentes. No sigamos permitiéndolo, actuemos como verdaderos defensores de la seguridad infantil.