Imaginemos para fines académicos que todo el aparato burocrático de la administración pública es un cuerpo humano.

Imaginemos para fines académicos que todo el aparato burocrático de la administración pública es un cuerpo humano y, si ese cuerpo se fractura, requiere de un especialista para operarlo.

Si entramos a quirófano, estamos esperando que llegue un profesional de la medicina a ejecutar la cirugía y no un abogado, contador o maestro de secundaria. No porque sean menos o más, sino porque simplemente no es su campo de especialización.

¿Por qué entonces en la administración pública se permite lo contrario?https://d-36392039852661221608.ampproject.net/2206101637000/frame.html

Sin establecer juicio de si es correcto o incorrecto, pensando sólo en términos prácticos, ¿Cuáles serían las consecuencias de que un arquitecto, por más preparado que esté, lleve a cabo una cirugía de tobillo? ¿el paciente volvería a caminar? Seguramente no. Entonces ¿porqué esperamos que en el gobierno sea distinto?

Administrar lo público no es lo mismo que hacer política. El servicio público cuenta con literatura propia, leyes, reglamentos, estructuras que se deben conocer, para que ese cuerpo funcione adecuadamente. Inclusive, incumplirlos acarrea responsabilidad administrativa y penal.

En México -como consecuencia de su historia unipartidista-, la línea que divide a los servidores públicos de los políticos no existe. La frontera es constantemente cruzada. Quien se desempeña como político, una vez concluido su periodo, encuentra trabajo como funcionario, para esperar su próxima oportunidad como político y viceversa.

Muy particularmente, en nuestro país hemos desarrollado un “híbrido puro” -mezcla de servidor público y político-, sobre todo en mandos medios y altos, donde la lealtad es mejor vista que la eficiencia, constituida con personas cuyos atributos están muy por debajo de los más talentosos del país (llamados zánganos en la literatura política) o, desde la perspectiva opuesta, con personal competente, pero sin sentido de lealtad y que la utilizan para satisfacer ambiciones personales (abejas reinas).

No obstante lo anterior, el ejercicio del poder a través de la burocracia, requiere de un conocimiento mínimo para poder desarrollar la actividad, sin el cual, el puesto se convierte en un premio y no en un medio para implementar las políticas públicas.

Tengo la teoría de que todas las cosas mal hechas, tarde o temprano se topan con pared. Todo lo que se ha realizado de forma inadecuada o dejado de hacer, por desconocimiento o dolo, se va acumulando y sale a la luz, las estructuras se derrumban y el malechor queda expuesto.

Llevamos más de tres años de este gobierno, que si bien, acarrea la herencia del híbrido puro, no parece estar privilegiando una estrategia de separación de especialidades entre los administradores y los políticos, sino perpetuando los modelos tradicionales.

Estamos a buen momento de marcar la línea entre ambos mundos o, en su caso, de buscar un balance para el bien de todos. Imaginemos nuevamente, ¿qué sería de nuestro país si se logra reunir en un mismo funcionario capacidad y compromiso? La administración pública es un ser vivo y requiere de especialistas para operar.

Las cifras indican que este año hubo 950 feminicidios, casos suficientes para reflexionar y tomar medidas en materia de violencia contra las mujeres.

Hoy es mi última columna… del año. Estamos en vísperas de conmemorar el nacimiento de Jesucristo, la natividad. Una época de felicidad, abrazos y no balazos, regalos y buenos pensamientos. Felices fiestas a todas y todos mis lectores, les deseo mucho éxito, bendiciones y agradezco su tiempo y comentarios. Especial reconocimiento a todos mis compañeros en El Heraldo Media Group.

Ahora, más allá de ser una temporada de agradecimientos, también debe ser un tiempo de reflexión. La mayor parte de mis participaciones quincenales -casi el 65% de ellas- se han referido a la violencia de género y, en la mayoría de los casos, las víctimas y sus familiares no han encontrado reivindicación.
¿Qué hicimos durante el año o qué podemos hacer en el 2022 para contribuir con la justicia de género?
Mi primera entrega fue “¡Alerta Fátima!”, resaltando la importancia de la Alerta Amber para la búsqueda de menores, recomendando tener a la mano los datos de identificación de nuestros infantes para enfrentar una eventualidad. ¿Ya lo hicimos?

Escribí sobre las once modalidades de trata de personas: esclavitud, condición de siervo, explotación sexual, explotación laboral, trabajo forzado, mendicidad forzada, utilización de menores en actividades delictivas, adopción ilegal, matrimonio forzoso, tráfico de órganos y experimentación biomédica ilícita. ¿Ya las tenemos plenamente identificadas y, a la mano el número de denuncia 55 5533 5533 del Consejo Ciudadano?, ¿dejamos de normalizarlo?

En junio de 2020 resalté el error o acierto de la designación de Rosario Piedra como Presidenta de la CNDH. A vuelta de más de un año, con tantos temas relevantes en materia de derechos humanos, ¿cuál ha sido su papel como ombudsperson? ¿Funcionó su experiencia sensible o se está consolidando su fracaso?

En julio de ese año -recientemente retomado en redes sociales- escribí sobre Lisset Soto, desparecida en BCS en 2010, enfatizando que estos asuntos no se cierran jurídicamente hasta su localización o establecer qué sucedió. ¿Han avanzado las investigaciones más allá del esfuerzo en redes sociales?

También, nos sumamos al grito de #JusticiaparaMonse, quien en abril de 2021, lamentablemente fue asesinada por Marlon “B”, actualmente prófugo. ¿Cuáles son los avances?, ¿cuándo responderá ante la justicia?

Si continúa la tendencia, vamos a cerrar el año con más de 950 feminicidios, 2,700 homicidios y 61 mil mujeres víctimas de lesiones. Sólo en estos doce meses.

Traigo a colación de todas y todos nosotros, algunos de muchísimos casos de violencia de género y violación a los derechos humanos -inclusive, en ocasiones, desde los ojos complacientes de la CNDH- que esperan justicia, para que al término de este año e inicio del siguiente, reflexionemos profundamente.

Estoy convencido de que hemos avanzado, las redes sociales ayudan, pero el verdadero pilar se encuentra en nosotros, debemos comprometernos con el ser humano, de ninguna manera normalizar la violencia y preguntarnos todos los días ¿Qué estoy haciendo para ayudar? En el conteo de las uvas, fíjate una meta de género.

Este evento pretende visibilizar el tema para generar la reflexión y el análisis sobre las conductas propias y de terceros con el fin de eliminar estereotipos de género.

La Comisión de Equidad de Género de la Facultad de Ciencias, UNAM, llevará acabo varias actividades en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres #25 a partir del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, de forma virtual en la cual se presentarán pláticas y conversatorios con el objetivo de identificar, mitigar y erradicar la violencia, en particular de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Este evento pretende visibilizar el tema para generar la reflexión y el análisis sobre las conductas propias y de terceros con el fin de eliminar estereotipos de género e identificar y erradicar la violencia en todas sus manifestaciones, tipos y modalidades, en particular las que han vivido algunas mujeres.

También se busca la autorreflexión acerca de las conductas aprendidas que debemos ir cambiando para generar un verdadero cambio cultural en sociedades como la nuestra, donde el machismo ha sido una constante desde hace décadas.

En el primer día de actividades, el dr José Luis Ayoub Pérez, director jurídico de Heraldo Media Group, participará en la ponencia “Violencia de Género en México con cifras oficiales”.

Datos en México
Con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI de los aproximadamente 19.1 millones de mujeres que declararon al menos un acto de violencia por parte de su pareja actual o última, 48.2% lo había hablado con alguien (véase gráfica 3). De entre las mujeres que habían hablado con alguien, la mayoría lo hizo con algún familiar (79.0%), con amigas o compañeras (44.1%) o con vecina o conocida (9.2%), y en proporciones mucho más bajas se observa que hay mujeres que se acercaron con algún especialista, ya sea en psicología (14.9%), derecho (6.5%) o representante de alguna religión (6.2%).

En contraste, hasta el momento de la entrevista, 51.8% (casi 9.4 millones) de mujeres no habían ´contado la situación a alguien más, siendo las mujeres casadas o unidas las que menos hablan de estas situaciones con alguien más (52.6%). Mientras que las solteras son quienes más lo hacen, ya que 58.4% señaló que ya lo había contado.

Los derechos humanos de la mujer han sido el principal fundamento para declarar inconstitucional el aborto en México.

El derecho a la vida es intrínseco al ser humano. No deberíamos ni siquiera defenderlo o plantearlo, simplemente está ligado a su ADN, de eso no tengo la menor duda.

No obstante, por el pacto social, a través del cual cedemos una parte de nuestra libertad a los entes del estado para que tomen decisiones colectivas, se deciden cuestiones que afectan a unos y benefician a otros, esperando siempre, de buena fe en el sistema, que sean tomadas con fundamento en el bien común.
Dicho lo anterior, aquí analizo a la luz del pacto y de las normas vigentes, las implicaciones de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de declarar inconstitucionales los artículos 196, 198 y porciones del 199 del código penal de Coahuila, que sancionan con pena de prisión a las mujeres que interrumpen su embarazo.

¿Inconstitucionalidad o despenalización del aborto? En términos reales, el delito de aborto sigue existiendo, continúa vigente en 28 códigos penales -con excepción de CDMX, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz- y, hasta que se elimine el tipo penal, se despenaliza.

La inconstitucionalidad implica que después de un análisis de ponderación que realizan los tribunales entre distintos derechos humanos, prevalece más uno y, se establece que si bien la ley existe, viola derechos humanos, por lo que no se debe permitir su aplicación. Existe la ley, pero a los ojos de los derechos humanos, es contraria a éstos.

Ahora, cuando los tribunales sentencian que una norma es inconstitucional, esa resolución beneficia, generalmente, sólo a aquellos que lo promovieron y, se convierte en un precedente, criterio o tesis aislada que puede o no ser utilizada por otros juzgadores.

También existe la llamada jurisprudencia, que obliga a los tribunales federales y estatales a aplicar el criterio establecido, aun cuando la norma se encuentre vigente.

¿Cómo se constituye la jurisprudencia o criterios obligatorios? Hasta antes de la reforma constitucional del 11 de marzo de 2021, la regla general era que se integraba cuando los juzgadores dictaban cinco sentencias reiteradas en el mismo sentido. También se puede dar por contradicción de tesis, cuando la corte decide cuál prevalece entre dos criterios contradictorios.

A partir de la reforma, surge una nueva forma, donde las resoluciones adoptadas por el Pleno de la Suprema Corte, al analizar acciones de inconstitucionalidad, forman jurisprudencia, siempre que sean aprobadas por mayoría de ocho votos y, de acuerdo con la constitución, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales federales y locales.

De esta forma, el 7 de septiembre pasado, el Pleno de nuestro máximo tribunal resolvió por unanimidad de diez votos (lo que lo convierte en un criterio obligatorio en todo el país), que los artículos del código penal de Coahuila que criminalizan el aborto son inconstitucionales por vulnerar el derecho de la mujer a decidir. Se trata del derecho humano del producto de la gestación y el de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva.

Heraldo Media Group y la Universidad de California firman convenio de colaboración

La Universidad de California (UC) y Heraldo Media Group (HMG) acordaron trabajar juntos para generar y difundir contenidos de interés general, académico y de utilidad para la ciudadanía, además de promover la investigación en áreas que vinculan a México y al estado de California, en Estados Unidos, como la cultura de habla hispana y el cambio climático.

        Para ello, HMG y la Casa de la Universidad de California en México A.C. firmaron un convenio de colaboración en las instalaciones de la organización, en la CDMX.

“Todas estas alianzas suman hacia adelante”, destacó María Cristina Mieres Zimmermann, vicepresidenta de desarrollo Cultural y Social de Heraldo Media Group, durante la firma del acuerdo.

La colaboración va a servir para difundir las soluciones que generan científicos, académicos y exalumnos de la UC, entre los cuales hay muchos mexicanos, subrayó la directora de Alianza Universidad de California-México, María Isabel Studer.

Entre los temas cruciales  investigados por estos expertos se encuentran los retos de la comunidad de habla hispana —la cual concentra 40 por ciento de la población en California—, los impactos del cambio climático, la transición energética y la electrificación del transporte, destacó Studer.

En tanto, Franco Carreño, director general de Heraldo Media Group, señaló que la alianza con la UC es un proyecto de gran interés para ambas partes, por el impacto social que genera informar sobre las diversas aportaciones académicas.

José Luis Ayoub, director jurídico de HMG y responsable de seguimiento del convenio, dijo que desde la plataforma de El Heraldo de México se va a dar “voz y pluma” a la labor que realiza la institución californiana en nuestro país.

El acuerdo también impulsa la integración de seminarios, cursos, reportajes y entrevistas en las que participen directivos y colaboradores de ambas partes.
“Estamos seguros que vamos a poder impulsar muchísimos temas importantes para las dos instituciones y para toda la ciudadanía, del lado mexicano y del lado americano”, añadió Ayoub.

La Universidad de California tiene más de 30 mil científicos e investigadores y de ella han emanado decenas de premios Nobel.

Heraldo Media Group, el tercer medio de noticias más leído en México, es una multiplataforma con internet, impreso de circulación nacional con más de 80 plumas en sus páginas, radio en todo el país y cinco ciudades de EU, así como TV, con 25 millones de televidentes. 

En la lucha contra el cambio climático, es importante conocer que el cuidado del medio ambiente es más una necesidad que nuestro derecho.

El derecho al cuidado del medio ambiente debe ser colectivo. La importancia de desarrollarnos en un medio ambiente sano, tiene categoría de derecho humano, reconocido por nuestra carta magna, así como por diversos instrumentos y tratados internacionales de los que nuestro país es parte.

El artículo cuarto constitucional señala que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Este derecho presenta dos dimensiones -la ecologista y la antropocéntrica-, por un lado, debe protegerse al ambiente en sí mismo, independientemente de su relación con el individuo, ya que sin éste, aquel no sobrevive; y, por otro, la facultad de poder exigir la protección del entorno en el que nos desarrollamos, siendo que se encuentra vinculado con otros derechos como a la vida, la salud o a la integridad personal.

Estas facetas en su conjunto y, como lo señala la suprema corte: en su núcleo esencial, nos llevan más a pensar en una responsabilidad colectiva u objetiva que a sólo derechos individuales, ya que debe traducirse en un interés universal para la salvaguarda de futuras generaciones y demás organismos vivos.

Entonces, sí tenemos derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, éste se encuentra intrínsecamente protegido y nosotros tenemos los medios legales para exigirlo.

Asimismo, todos los órdenes de gobierno se encuentran obligados a garantizar y proteger éstas dos dimensiones.

En nuestro país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como un ente vigilante de aquellos, constituyó la sexta visitaduría para la protección y promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), misma que desde finales de 2018, no ha emitido ninguna recomendación de carácter general en la materia. La última fue sobre la contaminación atmosférica urbana.

En cuanto a recomendaciones específicas, ha emitido 12, la última en 2020 sobre la contaminación de ríos en Chiapas (la mayoría de éstas versan sobre ríos); y, otros temas: la explotación de carbón, plaguicidas y la vaquita marina.

La sobrevivencia del planeta y la nuestra por ende, es suficiente razón para revisar nuestro vínculo con el ambiente, así como aquello que nosotros y nuestros gobiernos estamos haciendo para protegerlo y protegernos.

De esta forma, las discusiones actuales sobre la reforma energética y sus efectos económicos en el país; el programa sembrando vida; los acuerdos de la conferencia de las naciones unidas sobre cambio climático 2021 (COP26); Greta Thunberg diciendo groserías; ¿carbón, refinerías o energías renovables?; toda esta discusión política es irrelevante, si no encontramos detrás del discurso, la intención efectiva de cuidar al planeta desde un entendimiento de sustentabilidad ecológica lo que implica, entre otros puntos, un equilibrio entre el desarrollo económico y la eficiente preservación y utilización de los recursos naturales.

Si detrás del discurso se encuentra la protección del medio ambiente, sobre todo, en su dimensión ecológica, amén de lo demás, estamos en el camino correcto, si no, entonces debemos corregir el sendero.

Es ahora o nunca. Sí, tenemos ese derecho, pero esto va más allá, se trata de nuestra sobrevivencia. ¿Qué estás dispuesto a hacer y a exigir? Podemos empezar con pequeños cambios.

Los pueblos indígenas tienen derecho a seguir su propia normatividad; sin embargo, ¿hasta dónde está permitido?

El caso más reciente de matrimonio forzoso es el de una menor de edad na savi, encarcelada por la policía comunitaria, con sus hermanas y abuela, en la localidad de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero.

La historia aconteció cuando la hoy adolescente cedida en matrimonio a los 11 años, ante la ausencia de su esposo impuesto y al quedar al cuidado de su suegro, escapó de éste tras diversos intentos de violación sexual, quien después la reclamó de su propiedad y exigió su aprehensión, para recuperar lo que pagó por ella, más los intereses devengados.

En este caso, se presentan dos delitos plenamente identificados, la trata de personas en su modalidad de matrimonio forzoso y el probable abuso sexual o tentativa de violación. Nos concentraremos en el primero, siendo el segundo más que evidente.

La ley contra la trata establece prisión a quien obligue a contraer matrimonio de forma gratuita u onerosa. Asimismo, los tratados internacionales prohíben contraer nupcias sin el pleno consentimiento y sin que hayan cumplido la edad mínima para ello, que en casi todo el país incluyendo Guerrero, es de 18 años.

Podríamos señalar más ejemplos de regulación nacional o internacional que sancionan estos actos, pero el punto es que obligar a una menor a casarse o violentarla sexualmente, son delitos y el perpetrador debe ser sancionado.

No obstante, la discusión se presenta cuando estas normas protectoras colisionan con los usos y costumbres de una comunidad. El artículo 2 constitucional reconoce el derecho de los pueblos indígenas para decidir y aplicar sus propios sistemas normativos.

Pero la constitución sigue diciendo: “sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres”.

Al respecto, la Suprema Corte ha establecido que “la mera existencia de una norma de usos y costumbres no implica su aplicabilidad inmediata, pues es posible que el reconocimiento de ciertos usos y prácticas de las… comunidades indígenas afecte los derechos humanos”.

Como podemos constatar con estas posiciones normativas, además de por simple sentido común, cualquier acto que ataque los derechos fundamentales, debe ser detenido de inmediato, sin que sean justificación las normas consuetudinarias grupales. Los derechos del ser humano no son negociables.

Ahora, se puede comprender -más no justificar-, la larga tradición de ciertas prácticas nocivas como los matrimonios forzosos en comunidades indígenas, religiosas o culturales, mismas que más allá de tratar de someterlas al imperio de la ley, debemos paralelamente esforzarnos para erradicarlas mediante políticas públicas que reconozcan el problema y que lo combatan a través de campañas de concientización y, en tanto se interioriza, no menguar la intervención decidida del estado.

Debe quedarnos claro que las normas comunitarias de cualquier grupo sólo pueden prevalecer, cuando no violentan la integridad y los derechos del ser humano y menos de niñas, niños y adolescentes. ¿Usted qué opina?

#DeGiraporGuerrero Este fin de semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, visitará el municipio de Cochoapa y, mañana domingo, todo el gabinete federal, legal y ampliado, sesionará en Chilpancingo, lo que representa una oportunidad única para abordar el tema y establecer líneas de acción en esta materia, dentro del Plan de apoyo a Guerrero.

La secretaría de seguridad presenta su informe mensual sobre delitos contra la mujer, algunos van a la alza y otros a la baja. La problemática persiste.

Violencia contra las mujeres: Agosto se perfila como el mes con más delitos de género del 2021. La secretaría de seguridad pública federal y el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública presentan cada mes, de manera oficial, un documento sobre la incidencia delictiva del fuero común, con datos consolidados de todo el país -la más reciente al 31 de agosto de 2021-. Se refiere a probables delitos registrados en carpetas de investigación en las agencias del ministerio público de las 32 entidades federativas.

Es un esfuerzo reconocible de estas instituciones y de las fiscalías estatales, sobre todo, porque sí se mantiene actualizado, al parecer es un trabajo profesional y nos permite dar seguimiento a la evolución de los tipos de delitos en contra de la vida, la libertad, la seguridad sexual, el patrimonio, la familia, la sociedad.
De esta forma, para darnos una idea de ¿cómo vamos en términos de violencia contra las mujeres en México?, podemos destacar la siguiente información que nos presentan:

Feminicidios. En los últimos siete años se han registrado 5,219 casos, con un promedio anual de 745 y al alza, año con año, desde 2015. Agosto de 2021 ha sido el mes más violento con 104 decesos registrados. Estado de México, Jalisco y Veracruz, con los mayores números en lo que va de 2021.

Homicidios dolosos de mujeres. Un total de 16,772 en el mismo periodo, con un promedio anual de 2,396, con números al alza y siendo también éste agosto el más violento de todos con 273 casos. Baja California, Guanajuato y Chihuahua, con mayor incidencia.

Lesiones. Se registran 421,195 incidencias entre 2015-2021, con un promedio anual de 60,171. La tendencia por año es dispersa, pero se aprecia una baja mes con mes. Estado de México, Guanajuato y Michoacán, con la mayor carga de expedientes.

Secuestro de mujeres. Con 2,265 registros en los últimos siete años, un total de 324 mensuales, pero con una marcada y alentadora tendencia a la baja a partir de 2019. Estado de México, Veracruz y Chihuahua los más violentos.

De esta manera, podemos lamentar que sólo en lo que va del año, para los delitos de feminicidio, homicidio, lesiones y secuestro, 44,790 mujeres, adolescentes o niñas han sido asesinadas o agredidas.

Con respecto a 2020, los homicidios y secuestros se han reducido en un 2 y 14 por ciento; el feminicidio y las lesiones se han incrementado en un 8 y 10 por ciento, respectivamente. Especial atención debemos tener en las políticas de género y preventivas que implemente la federación y los estados más recurrentes.

Sin duda, por un lado podemos observar que la problemática se encuentra presente, las víctimas ni los números mienten; y, por otro, destacan esfuerzos importantes del gobierno federal y algunas entidades federativas. No obstante, la confrontación permanece.

¿No será momento de buscar un punto de encuentro, sano, enfocado al bien común, que nos permita a todos avanzar en la reducción de la incidencia delictiva, sobre todo, en la materia de género que apremia? ¿Quién dice yo?

La secretaría de seguridad presenta su informe mensual sobre delitos contra la mujer, algunos van a la alza y otros a la baja. La problemática persiste.

Violencia contra las mujeres: Agosto se perfila como el mes con más delitos de género del 2021. La secretaría de seguridad pública federal y el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública presentan cada mes, de manera oficial, un documento sobre la incidencia delictiva del fuero común, con datos consolidados de todo el país -la más reciente al 31 de agosto de 2021-. Se refiere a probables delitos registrados en carpetas de investigación en las agencias del ministerio público de las 32 entidades federativas.

Es un esfuerzo reconocible de estas instituciones y de las fiscalías estatales, sobre todo, porque sí se mantiene actualizado, al parecer es un trabajo profesional y nos permite dar seguimiento a la evolución de los tipos de delitos en contra de la vida, la libertad, la seguridad sexual, el patrimonio, la familia, la sociedad.
De esta forma, para darnos una idea de ¿cómo vamos en términos de violencia contra las mujeres en México?, podemos destacar la siguiente información que nos presentan:

Feminicidios. En los últimos siete años se han registrado 5,219 casos, con un promedio anual de 745 y al alza, año con año, desde 2015. Agosto de 2021 ha sido el mes más violento con 104 decesos registrados. Estado de México, Jalisco y Veracruz, con los mayores números en lo que va de 2021.

Homicidios dolosos de mujeres. Un total de 16,772 en el mismo periodo, con un promedio anual de 2,396, con números al alza y siendo también éste agosto el más violento de todos con 273 casos. Baja California, Guanajuato y Chihuahua, con mayor incidencia.

Lesiones. Se registran 421,195 incidencias entre 2015-2021, con un promedio anual de 60,171. La tendencia por año es dispersa, pero se aprecia una baja mes con mes. Estado de México, Guanajuato y Michoacán, con la mayor carga de expedientes.

Secuestro de mujeres. Con 2,265 registros en los últimos siete años, un total de 324 mensuales, pero con una marcada y alentadora tendencia a la baja a partir de 2019. Estado de México, Veracruz y Chihuahua los más violentos.

De esta manera, podemos lamentar que sólo en lo que va del año, para los delitos de feminicidio, homicidio, lesiones y secuestro, 44,790 mujeres, adolescentes o niñas han sido asesinadas o agredidas.

Con respecto a 2020, los homicidios y secuestros se han reducido en un 2 y 14 por ciento; el feminicidio y las lesiones se han incrementado en un 8 y 10 por ciento, respectivamente. Especial atención debemos tener en las políticas de género y preventivas que implemente la federación y los estados más recurrentes.

Sin duda, por un lado podemos observar que la problemática se encuentra presente, las víctimas ni los números mienten; y, por otro, destacan esfuerzos importantes del gobierno federal y algunas entidades federativas. No obstante, la confrontación permanece.

¿No será momento de buscar un punto de encuentro, sano, enfocado al bien común, que nos permita a todos avanzar en la reducción de la incidencia delictiva, sobre todo, en la materia de género que apremia? ¿Quién dice yo?