México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años. Se estiman hasta 4.5 millones de casos por año y sólo el 2 por ciento se conoce por denuncia. Estas son las aterradoras estadísticas de la violencia infantil en el país.

Tenemos un verdadero problema. Los números son terroríficos, pero más aún, ¿qué estamos haciendo al respecto? No sólo el gobierno. Nosotros. Sobre todo, si tomamos en cuenta que el enemigo está en casa. Casi el 90 por ciento de los perpetradores son conocidos de los niños y niñas y, más del 50 por ciento, son familiares, entre tíos, primos, padrastros y hermanos. La edad promedio de estos monstruos es de 30 años.

¡Creánlo! sucede en nuestros nucleos familiares. Niñas, niños y adolescentes están sufriendo agresión y ellos no se pueden defender. ¡Tenemos la obligación de cuidarlos! Debemos creerles y estar muy atentos a sus cambios de comportamiento, seguramente, éstos, nos están gritando de una manera desesperada por ayuda, porque simplemente los volteemos a ver.

Conozco muchos casos de violencia infantil. Uno en especial, donde un pequeño fue acosado y violentado sexualmente durante la mayor parte de su infancia. Los padres se voltearon a otro lado. No lo protegieron. Imagine usted la desperación y confunsión de este niño cuando llegado el momento, buscaba la protección de sus padres y éstos eran indiferentes. Si sus padres no lo ayudadaron, ¿a quién podía recurrir por protección? Ahí están los números. Sólo les queda, por el amor divino, convertirse en un guerrero o una guerrera y supervivir.

Pero, ¿cuántos de estos pequeños que son obligados a supervivir logran hacerlo verdaderamente? El camino está lleno de obstáculos: tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, prostitución, deserción escolar. Es un verdadero milagro que, una niña o un niño agredido, logre llegar a la edad adulta y recuperar el rumbo.

Ahora, cuando el niño o niña crecen, ¿puede denunciar? Claro que sí. ¿Denuncian? Claro que no. Existe un estigma social sobre aquellas personas que han sido abusadas sexualmente. Cuando se atreven a hablar, una revictimización. La primera reacción de las personas obligadas a su cuidado, es de negación, porque es muy doloroso aceptar la realidad. Interiorizar que no se tuvo el cuidado necesario. “Hijo, eres muy imaginativo, de seguro lo soñaste, tu abuelo es incapaz de dañarte… no quiero volver a oírte hablar de eso”.

Nuestra niñez no puede seguir oculta a plena luz. Debemos comprometernos para que puedan brillar en plenitud. Una vez más, una oportunidad fundamental para ello, es que nuestro gobierno genere estadística seria, garantizando levantamientos periódicos y confidenciales, con información sobre la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que nos permita comprender el problema en toda su dimensión y actuar en consecuencia.

En nuestras manos está protegerlos. Nuestras niñas y niños son el activo más valioso de México. Si abrimos un poco más los ojos, ¡sólo un poco más!, podremos cambiar su realidad, durante la infancia, y bindarles una mayor oportunidad en la adolescencia y adultez.

Sueño con un México libre de violencia infantil. Juntos, se hará realidad.

Lisset Soto Salinas desapareció en 2010. Una pequeña más, de las 73 mil 201 personas desaparecidas y no localizadas en México. Tenemos la obligación de buscarlos

Con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, al 13 de julio de 2020, en México existen 73 mil 201 personas desaparecidas y no localizadas. Lisset Soto Salinas es una de ellas.

Se le vió por última vez, el 14 de octubre de 2010, en La Paz, Baja California Sur, cuando tenía 8 años y no hemos sabido nada más de ella. Necesitamos de tu ayuda para localizarla. Memorizando su cara -tiene un lunar en la nuca del lado derecho- y estando alertas en nuestros recorridos, en cada viaje que realicemos, podemos hacer la diferencia.

No puedo imaginar lo que debe ser para una madre, para un padre, para la familia, vivir la desaparición de un ser amado. ¿Tienes hijas o sobrinos? Pensemos por un instante esta situación y lo que haríamos para recuperarlos.

Desde hace algunos años he participado en la lucha contra la trata de personas y fue en ese caminar donde tuve la oportunidad de encontrarme con Esmeralda Salinas, mamá de Lisset. Conocí de primera mano las circunstancias de este hecho, la terrible desesperación que ha vivido su familia, así como la urgente necesidad de un mayor compromiso y, protocolos efectivos, por parte de las autoridades.

Por alguna razón, este caso en particular me llegó muy profundo. Sentí el dolor de su familia y la angustia por no saber nada de Lisset. Procuré involucrarme más, establecimos contacto, entre otros importantes, con Tim Ballard, fundador de la asociación Operation Underground Railroad (hace referencia a un sistema que ayudaba a los esclavos fugitivos a escapar, antes de la abolición en EEUU), que actualmente organiza, con mucho éxito, operativos para rescatar niñas, niños y adolescentes de las garras de la escavitud moderna. Pero aún así, los esfuerzos no han rendido frutos.

El artículo 13 de la Ley General en materia de Desaparición establece que estos delitos tienen un carácter permanente o continuo y no se debe cerrar el caso, hasta en tanto se conozca la suerte y el paradero de la persona.

De esta manera, hace unos días, Familias Unidas por una Causa, A.C., me etiquetaron en twitter con la foto de Lisset: “Si la ves repórtala”; lo que despertó en mí, de nueva cuenta, la necesidad de contribuir con su búsqueda y, la de tantas personas que no han podido regresar, aprovechando la capacidad de difusión de esta columna.

Por ello, sumándome al grito desesperado de más de 73 mil familias, me atrevo a exhortar a nuestras autoridades federales, estatales y locales, para que mantengan actualizado y, con la información necesaria (incluyendo fotos), el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Los datos que actualmente aparecen en el Registro, por ejemplo, sobre Lisset Soto, son mínimos y casi inútiles para su localización.

A todos nosotros nos exhortaría a sensibilizarnos; a verificar la fuente de la información que recibimos en redes sociales y, en su caso, difundirla; a grabarnos los rostros de estas niñas y niños y, ante el menor indicio, reportarlo al 800 5533000, línea nacional contra la trata de personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Donde sí responden.

Para Lisset Soto y su familia, me atrevería a retomar la declaración que hace Operation Under Ground Railroad, a todas las niñas, niños y adolescentes desaparecidos: “Tu larga noche está llegando a su fin. Resiste, vamos en camino”. Y por “vamos”, me refiero a todas y todos nosotros que, de manera decisiva, podemos ayudarlos a volver a casa. No les demos la espalda.

La propuesta de transformar a la CNDH en “Procuraduría de los Pobres” es retórica. Carece de contenido y aplicabilidad

En mi columna pasada del sábado 20 de junio, invité a que evaluáramos, a la luz de las acciones que se han tomado, su perfil, actividades en materia de derechos humanos, si la designación de María del Rosario Piedra Ibarra, había sido un error o un acierto para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Agradeciendo de antemano a mis lectores, recibí importante retroalimentación. Especialmente una, de mis amigos de Baja California, mi querido estado por adopción, que dado el conocimiento que tiene de los derechos humanos y la confianza, me pareció interesante establecer, en esta colaboración, una especie de diálogo platónico entre Zenón y Cicero, para continuar fomentando el análisis en la materia.

Zenón sostiene dos tesis:

1. La propuesta de Rosario Piedra de constituir la “Procuraduría de los Pobres”, no tiene que ver con excluir de su protección a los estratos de ingresos medios y altos de la sociedad, sino para poner mayor énfasis en los derechos de las personas en pobreza y pobreza extrema, lo que obligaría a la CNDH y a las Comisiones Estatales, a focalizarse más en la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), de los más vulnerables; y,
2. La propuesta más importante de la Presidenta que, curiosamente, llamó menos la atención, es la de otorgar carácter vinculante -de cumplimiento obligatorio- a las recomendaciones que se emiten.
   Cicero argumenta en contra de la primera tesis que, precisamente y, en última instancia, ¡Ese es el objetivo de la CNDH!, focalizarse en la protección de los derechos DESCA de todos los individuos y que su misión no debe empezar aquí o con los más desprotegidos.

Por lo que más allá de la propuesta de cambiar el nombre o darle un giro distinto, por más noble que esto parezca, el énfasis debe estar, no sólo en los derechos de las personas en pobreza o de un grupo, sino de todas las personas, sin importar su condición, como lo recoge explícitamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No sólo argumentes proteger a algunos, protege a todos, ese es el espíritu más noble.

Continúa diciendo que, cuando nos centremos en esa premisa, cuando la CNDH y las Estatales se centren en ella, existirá mayor probabilidad de que aquellos más vulnerables o necesitados, encuentren una sólida protección y defensa de sus derechos.

De hecho, con los principios y normatividad actual de la Comisión y otros organismos nacionales e internacionales, en estos momentos se puede procurar cumplir con ese noble propósito y, cierra señalando que, polarizar a la sociedad nunca ha sido un camino recomendable.

En cuanto a la segunda tesis, Cicero considera muy acertado el argumento de Zerón, resulta fundamental un debate en la Ágora sobre el carácter obligatorio o no, de las recomendaciones que emite el sistema ombudsperson. Zerón resalta que hasta hoy, las autoridades aceptan las recomendaciones, pero al no cumplirlas en los hechos, se convierten en una simulación.

Cicero reconoce esa realidad. No obstante, argumenta que la CNDH, cuenta con la facultad de denunciar penalmente o presentar quejas administrativas, precisamente ante autoridades con atribución sancionadora, en contra de servidoras o servidores públicos que por su actos u omisiones hayan violentado derechos humanos, ya sean de una persona de escasos recursos, de un grupo vulnerable o de uno con alta capacidad económica.

Finalmente, analizando este diálogo, me gustaría sugerir en esta colaboración que, en tanto se inicia y se resuelve el debate, no sólo el Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos, tiene la obligación de reforzar la utilización de estas herramientas de denuncia, sino todos los poderes de la unión, así como todas y todos los mexicanos, lo que sin duda, permitirá fortalecer el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.

Rosario Piedra, titular de la CNDH, dijo no adivinar las peticiones de las mujeres que tomaron las oficinas de la Comisión en la Ciudad de México

“No somos adivinos”, fue la respuesta que Rosario Piedra ofreció, a la pregunta sobre ¿cuáles eran las demandas de las mujeres que tienen tomadas las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?

No se tiene que ser adivino para saber que algo anda muy mal en la CNDH. En principio, no es lo mismo tener calidad moral, para comprender las violaciones a los derechos humanos, que tener la capacidad para dirigir, coordinar u organizar una entidad constitucional. Se requiere mucho más que buena voluntad. En todo caso, Rosario Piedra, bien puede ser una consejera del organismo, una garante externa, una asesora.

Las renuncias o despidos súbitos, entre ellos, de los Titulares de la Primera y Sexta Visitadurías, que ella misma designó, nos pueden acercar a un diagnóstico más claro.

Las mujeres que, desde la primera semana de septiembre de 2020, se manifiestan en la CNDH, sin entrar al análisis de las formas, nos revelan un hartazgo ante la falta de atención y sensibilidad. Sin mencionar los hallazgos de kilos de carne gourmet, en los refrigeradores de la Comisión. ¿Las oficinas alternas deben tener un comedor? Tal vez sí. No obstante, vuelve a chocar el discurso con la realidad y con el sufrimiento de las víctimas.

¿Qué pueden estar buscando las manifestantes?: ¡justicia!, atención, seguimiento. En las noticias y redes sociales podemos encontrar, de manera muy sencilla y de forma clara, cuáles son algunas de sus demandas: 1. Servicios médicos y acceso a medicamento; 2. Despensas; 3. Programa de empleo; 4. Recursos para las declaratorias de violencia de género en los estados; 5. Retirar la campaña mediática “Cuenta hasta 10”; 6. No descalificar el movimiento feminista; 7. La emisión de una recomendación general por violencia feminicida.

Ahora, independientemente de las demandas o de que se hayan tomado las oficinas, lo que todos estamos perdiendo de vista, en especial, la CNDH, es que, lo verdaderamente importante, son los seres humanos, las víctimas, sus familiares que se desgarran de dolor. Yo me indigno por el abuso sexual de menores de edad. También me duele el alma.

El fin de semana visité la calle de la República de Cuba 60, sede de la manifestación y, no se necesita ser adivino, para sentir el dolor de tantas víctimas que sí tienen nombre y apellido y una demanda específica: ¿dónde están? Karine Berenice Ornelas Salas, Anahy Sarazúa del Ángel, Yahaira Cruz Hernández, Nitza Jazmine Valdivia Quiñones, Luis Obed, Aldo Oliver Guerra Medina, Pedro Damián Garza Hernández, Brandón Abinadi Pérez Avilés, Crecia Naurely Ávalos Hernández, Maura Guzmán Sánchez, entre muchas y muchos más.

No es ser adivino, es cumplir con el mandato. Ahí está la ley. El artículo primero de la Constitución obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entre las atribuciones con las que cuenta la CNDH, de acuerdo con su ley, está la de conocer e investigar a petición de parte o, de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos.

Los hechos y seres humanos están ahí. Sólo es cuestión de organizarse y de cumplir con las demandas ciudadanas aplicando la normatividad. ¿Podríamos dejar de pretender ser adivinos y empezar a ser servidores públicos comprometidos? Los niños, niñas y adolescentes lo demandan.

En lugar de desamparar a las víctimas, Mara Gómez podría proponer una reingeniería en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y tomarle la palabra a Hacienda

En una controversia debemos ver las dos caras de la moneda. En el caso del recorte al presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la intención de AMLO puede tener un sentido positivo, que la Dra. Mara Gómez Pérez, no logró “cachar” y, por consiguiente, se encasilló en la referencia del Presidente, de tener poca solidaridad o de estar muy mal acostumbrada a los tiempos del neoliberalismo.

¿Qué pasó con el recorte de presupuesto y por qué le afecta especialmente a la CEAV?

El Decreto de austeridad del 23 de abril de 2020, propone una disminución del 75 por ciento al capítulo 2000, de materiales y suministros y, al 3000, de servicios generales. No al 1000, de sueldos y seguridad social.

Es decir, las dependencias deben reducir su gasto para el desempeño de actividades administrativas y para la adquisición de insumos y suministros; así como de gas, agua, teléfono, Internet, arrendamientos y servicios profesionales. Esto último es lo más relevante, ya que abarca el pago de inmuebles arrendados y la contratación de personas físicas y morales, pero no por la vía de sueldos, sino de consultoría, asesoría, capacitación, estudios e investigaciones; lo que incluye al 60 por ciento de los trabajadores de la CEAV. Si bien las medidas no reducen directamente sueldos, comprometen la capacidad de pago al personal eventual o de outsourcing.

¿Cuál fue la posición de Mara Gómez, titular de la CEAV?

Mediante boletín 022 del 2 de junio de 2020, señala, a priori, que dichas disposiciones frenarán las actividades esenciales y paralizarán su funcionamiento; haciendo referencia a pasadas administraciones, de las irregularidades en la contratación del personal y de haberles heredado múltiples juicios en contra.

En tres páginas más, enumera detalladamente el impacto negativo que tendrán las medidas de austeridad. Sugiere que el Decreto es igual a la desaparición de la entidad, pero, en ninguna parte, dibuja algún movimiento de innovación.

¿Cuál fue la respuesta de Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público?

Afirmó que el recorte no afectará los rubros de derechos humanos y que tendrán los recursos suficientes, independientemente del mecanismo presupuestal que se utilice.

También, es de tomarse encuenta que la fracción V, numeral 38, exceptúa a los derechos humanos de la aplicación del Decreto.

Entonces, esta es la posible ecuación. Por un lado, AMLO lanza una fuerte curva de austeridad, no para eliminar dependencias y entidades, sino para impulsar a sus titulares a pensar fuera de la caja, a innovar, a llevar a cabo una reingeniería profunda, que ofrezca opciones para enfrentar las medidas de contingencia.

Por otro, la Dra. Mara Gómez no parece atrapar la bola y, en su lugar, argumenta en negativo, señalando irregularidades y herencias de gobiernos anteriores, así como los efectos que tendrá la reducción de presupuesto en la Comisión.

No sería más viable que, lejos de haber continuado operando con las supuestas irregularidades -detectadas desde su comparecencia ante el Senado-, se trabajara en un programa de reestructura y, en su momento, se tome la palabra al Secretario de Hacienda para implementarlo.

Tal vez, no con el mismo número de personal y recursos, pero sí desde una posición que permita seguir trabajando y, sobre todo, apoyando a las víctimas que, al principio y al final, son quienes recienten más severamente estos entuertos.

Tengo miedo a los Ministerios Públicos; el problema en la procuración de justicia no se resuelve desde arriba, sino capacitando y dignificando al personal de las Agencias y a los Policías

La corrupción, impunidad y malos tratos en los Ministerios Públicos, es un problema latente en México. Lamentablemente, se deben vivir en carne propia las omisiones de las autoridades, para realmente ser conscientes de la falta de capacitación y profesionalismo en las Agencias. Tengo miedo… a los Ministerios Públicos.

Esta es una historia real que no busca generalizar, pero que seguramente refleja la cruel realidad que cotidianamente sufren muchos mexicanos. Sin que los ladrones respetaran el 12 de diciembre, nos asaltaron. Un robo violento a mano armada en un espacio cerrado, la estética de mi amiga Maribel. Dos adolescentes de entre 17 y 20 años. Uno de ellos con un subfusil UZI, y, el otro, con un fusil de asalto AK-47, ambas con una capacidad de 600 disparos por minuto. ¡Una locura!

No es materia para analizar aquí, aunque lo dejo sobre la mesa, el hecho de que dos menores de edad portaran, a plena luz del día, armas de alto poder. ¿Cómo las consiguieron? ¿Cómo las transportan? ¿Quién los protege?; o, la impotencia e indefensión que siente el ciudadano de a pie, al verse despojado de sus pertenencias, con tanta impunidad y descaro. El tiempo de respuesta de la autoridad es muy pobre.

La historia más bien se dirige a la terrible experiencia y revictimización que sufrí en la Agencia del Ministerio Público MH-2, después del robo. Un verdadero viacrucis, con un sentimiento de temor, impotencia e impunidad. Al tratar con el fiscal en turno, te sientes más amenazado, vejado, que en el mismo robo y da mucho miedo brindar tus datos personales, por temor a represalias orquestadas por el mismo Agente.

En mi caso, posterior al hecho, asistí a la Agencia que se encuentra en la misma Alcaldía; después de más de dos horas de espera nocturna, me informaron que ahí no podían levantar la denuncia, que tenía que buscar la circunscripción correspondiente -seguramente, para no incrementar su incidencia delictiva-. Un par de horas más tarde, Maribel, me comunicó que se encontraba en la Agencia MH-2.

Llegué a la Agencia, el trato del Ministerio Público fue por demás humillante, grosero y prepotente. En principio, se negaba rotundamente a lavantar la denuncia. “Tienes que regresar otro día” ¿Por? Cuando por fin lo convencí, insultándome y amenazante, solicitó mis datos personales -amén de la evidente falta de capacitación, conocimiento, disposición y destreza con el uso de la computadora-, fue cuando reflexioné y me alerté que no debía darle mis generales. Me pondría en grave peligro.

Finalmente, Maribel tenía en proceso su denuncia, necesaria además para el pago de los seguros, por lo que para resolver el dilema, ella amplió la misma e incluyó los pormenores de lo que me habían robado.

De acuerdo con el artículo 20 Constitucional, las víctimas de un delito tienen, entre otros derechos fundamentales, el de ser respetados en su dignidad como personas, recibir asesoría jurídica, ser informados de sus derechos constitucionales, así como recibirles todos los elementos de prueba con los que cuenten. En mi caso, como es evidente, nada de eso sucedió. Tengo miedo… a los Agentes del Ministerio Público.

Por ello considero, a través de otros análisis y de mi vivencia, que el grave problema que vivimos en la procuración de justicia, no tiene que ver con la selección o cambios en los altos mandos de las Físcalías, Procuradurías o Subprocuradurías, sino en las y los servidores públicos que tienen el primero contacto con la ciudadanía; aquellos que olvidaron por completo lo que su encargo representa: servir.

Implementar políticas públicas que permitan capacitar a los Fiscales, Policías, a todo el personal de las Agencias; dignificar la labor policial, mejorar sueldos, prestaciones y reconocer su importante trabajo, puede ser el parteaguas necesario para cambiar la terrorífica experiencia, en una más eficaz y, en la cual, sobre todo, se respeten los derechos humanos de las víctimas u ofendidos.

Exhorto respetuosamente a las autoridades para que comprueben, dándose una vuelta por las Agencias del Ministerio Público en las Alcadías, que el problema no se resuelve desde arriba, sino que siempre ha estado en la primera línea de batalla.

POR JOSÉ LUIS AYOUB

Publicado originalmente en: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/5/23/ministerios-publicos-corrupcion-impunidad-malos-tratos-en-las-agencias-178423.html

Aún cuando la libertad de expresión es un derecho humano presente en la Constitución, aún falta mucho camino por recorrer en México

En México, el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, se encuentra consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución. La manifestación de ideas no puede ser objeto de persecución judicial o administrativa; ninguna autoridad puede establecer previa censura, ni limitar la libertad de difusión.

A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, se encarga de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano.

Para ello, la Comisión creó una Relatoría [Oficina] Especial para la Libertad de Expresión, misma que anualmente rinde un informe sobre la situación en el hemisferio. El reporte más reciente recoge datos al 23 de diciembre de 2019 y fue aprobado por la OEA el 24 de febrero de 2020.

De acuerdo con el informe, para las Américas, se observa con extrema preocupación y alarma, el incremento en los indicadores de violencia, agresión, amenazas, hostigamientos e intimidación en contra de periodistas. Al menos 27 comunicadores fueron asesinados el año pasado.

Para México, se reportan avances importantes, aunque continúan siendo mayores los retos.

Entre los esfuerzos realizados por el estado mexicano, se da cuenta de la instalación, en diversos Congresos Legislativos, de Comisiones para la Atención a Periodistas; el otorgamiento de disculpas públicas del Estado; la resolución de la SCJN que confirmó una sentencia, por indebida terminación de contrato a una comunicadora; así como diversas resoluciones que fortalecen la materia.

Dato relevante, para este proceso y ulteriores informes, es la posición del gobierno mexicano, de que no habrá reformas que atenten contra la libertad de expresión y que ésta, debe ser una garantía para todos.

Dentro de los desafíos a los que nos enfrentamos, sobresalen tres:
Los homicidios de los profesionales de la comunicación. Durante 2019, se cuentan 11 asesinatos.
La impunidad, que fomenta violencia y un clima de inseguridad. Con datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en los últimos ocho años, únicamente el 0.87 por ciento (10 de mil 140) de las investigaciones concluyeron con sentencia y, en 6 de 10 de ellas, un servidor público participó en la comisión del delito.
Las declaraciones estigmatizantes y de descrédito de autoridades hacia los comunicadores y medios de la prensa.
El punto medular para superar estos retos, generalmente reside en la elaboración de leyes, de protocolos de actuación, así como de su debida aplicación. Como se puede observar, gran parte de los avances en México, se encuentran en el campo de la procuración e impartición de justicia y en la eliminación de delitos que pueden constituir un mecanismo de censura.

No obstante, el verdadero desafío se encuentra en la eduación y sensibilización de autoridades, ciudadanos, sociedad civil, medios de comunicación, en fin, mexicanas y mexicanos en general, sobre la verdadera interpretación y alcance del derecho humano a la libertad de pensamiento y de expresión.

Existe un principio básico que promulga la Relatoría y al que me sumo para que podamos vencer este flajelo: Contribuir con “la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello”. ¿Estamos dispuestos?

POR JOSÉ LUIS AYOUB

Publicado originalmente en: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/5/9/libertad-de-expresion-en-mexico-vs-violencia-contra-periodistas-estos-son-los-retos-174541.html

Ante la crisis por Covid-19, los liderazgos aumentan o disminuyen, tal es el caso de Andrés Manuel López Obrador y de Hugo López-Gatell

Estudios científicos han demostrado la existencia de distintas relaciones entre crisis y liderazgo carismático. Entendiéndose éste, como el proceso de influencia que se establece entre un líder y sus seguidores, cuando éstos le atribuyen rasgos y comportamientos extraordinarios, lo que genera un fuerte vínculo emocional, que los lleva a la obediencia, compromiso, respeto y confianza hacia él. Tal es el caso del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en comparación con nuestro Presidente AMLO.

El surgimiento de un transtorno mayor, como el Covid-19, afecta el vínculo que existe entre el líder y sus seguidores. Ante una situación de emergencia, la cantidad de liderazgo que el seguidor otorga a su líder, disminuye (relación negativa) o aumenta (relación positiva). Disminuye, cuando lo culpa de la crisis o de la ambigüedad en las acciones tomadas y, aumenta, cuando considera que nos puede salvar de la amenaza.

En general, las investigaciones han arrojado resultados válidos en ambos sentidos. No obstante, éstos pudieron estar influenciados por el momento en el que se realizó el estudio. Ya sea durante la crisis o cuando ésta ya había pasado.

En el caso de México, durante la actual emergencia sanitaria por Covid-19, se nos presentan dos extremos, que pueden encontrar explicación, a la luz de los estudios existentes. El primero, la relativa disminución en la cantidad de carisma que los ciudadanos atribuyen al Presidente Andrés Manuel López Obradror y, el segundo, el relativo aumento de carisma que se otorga al Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

¿Cómo se explica este fenómeno?

Un factor importante para que los seguidores inclinen la balanza, es el momento en el que se realiza la medición. La literatura converge -incluyendo un estudio empírico que realicé sobre estilos de liderazgo y su eficacia en la administración pública mexicana- en la posibilidad de que al medirse la crisis en tanto acontece, el seguidor es más propenso a culpar de la situación y de las decisiones, a quien considera responsable de administrarla; es decir, AMLO. Lo que podría darnos una explicación empírica, de la posible disminución del liderazgo carismático que se atribuye a nuestro Presidente.

Ahora, ante este escenario ¿cómo se explica entonces, la cantidad de liderazgo que se atribuye a López-Gatell, cuando ésta debería disminuir?

Como diversos estudios lo sugieren, en principio, los seguidores no lo consideran responsable de administrarla, es un actor que aparece, recién, durante la pandemia de coronavirus, la responsabilidad le es atribuida, lo que le permite incrementar su retórica carismática y que los ciudadanos y los medios de comunicación la perciban.

La coyuntura le brinda a López-Gatell la oportunidad de elevar sus comportamientos carismáticos -aquellos que el seguidor demanda-, de liberarse de limitaciones burocráticas y de llevar a los seguidores a visualizarlo como un instrumento de salvación.

Una cosa está clara, la crisis y el liderazgo se encuentran relacionados. En el caso de AMLO, el liderazgo disminuye al verse afectado su desempeño, en términos carismáticos, ante la situación crítica; con Hugo López-Gatell aumenta, al poder trasladar a los ciudadanos acciones carismáticas, en un momento de estrés e incertidumbre. Sin duda, la situación de crisis es un terreno fértil para el surgimiento de liderazgo carismático.

No debe descartarse que, regresando a la esperada normalidad, el hambre de carisma en los seguidores descienda, permitiendo que se reestablezcan los niveles habituales de liderazgo que se atribuían al Presidente y al Subsecretario, antes del coronavirus.

Esperemos para ver qué puede aportar esta situación atípica al estudio atribucional del liderazgo. En tanto, hagamos caso a nuestras autoridades y ¡quedémonos en casa!

POR JOSÉ LUIS AYOUB

Publicado originalmente en: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/4/25/liderazgo-en-tiempos-del-covid-19-amlo-vs-lopez-gatell-170750.html

Ante la pandemia por coronavirus, cientos de empresas en México han tenido que modificar su forma de trabajo y hacerlo a distancia, también llamado ‘home office’

La crisis mundial por COVID-19 es la primera pandemia que me toca experimentar, incluyendo sus repercusiones económicas y sociales. Un cambio drástico en nuestra rutina diaria y una inminente transformación laboral.

El derecho humano al trabajo se encuentra consagrado en los artículos 5 y 123 de nuestra constitución y reglamentado en la Ley Federal del Trabajo. Pero, ¿cómo hacemos efectivo ese derecho, en función de nuestro lugar de trabajo, antes de la pandemia y, cómo podemos hacerlo, durante y después de ella?

Tengo un gran amigo noruego, casado con mexicana, que pertenece al Servicio Exterior y, en su momento, se desempeñaba como secretario de prensa del Ministro de Asuntos Exteriores. Por diferentes circunstacias, se vio en la necesidad de solicitar permiso para desempeñar su trabajo desde México.

Su periodo transcurrió sin contratiempos, el único inconveniente fue, según me cuenta, la diferencia de horarios. Finalmente, no le repercutió laboralmente. Su carrera diplomática continuó exitosamente y hoy es embajador en un país asiático.

Esta anécdota sucedió hace más de 10 años y la traigo a colación para destacar la normalización efectiva del trabajo a domicilio (TAD) -también conocido como trabajo en casa o home office- en países nórdicos y la posible resistencia u oportunidad para los países latinoamericanos. Nos estamos tardando en implementarlo.

Antes de la pandemia, lo habitual era asistir a nuestro lugar de trabajo, con un trato vis a vis, donde el empleador nos proporciona in situ, las herramientas de trabajo y nuestros derechos y obligaciones, inclusive de propiedad intelectual, se materializan ahí mismo.

Durante la pandemia por COVID-19, la relación laboral tradicional o presencial (patrón-trabajador-sitio de trabajo) no se desvirtúa, únicamente y, como resultado de la emergencia sanitaria, el trabajador continua honrando sus derechos y obligaciones desde casa.

Este nuevo contexto se debate, entre la costumbre, la adaptación, la ausencia de supervisión y, sobre todo, en mantener o hacer más eficiente nuestro desempeño. Gastado eslogan: “no son vacaciones”.

Después de la crisis por coronavirus, el nuevo contexto nos puede llevar a replantearnos, dependiendo de los requerimientos de la empresa y del trabajador, una antigua forma de relación laboral regulada desde 1930 en la Ley Federal del Trabajo: el trabajo a domicilio o trabajo en casa (artículos 311 al 330) y que, en 2012, formalizó las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación.

Se presentan entonces, en relación con la forma de trabajo, tres modelos interesantes para repensar después del coronavirus:

Trabajo tradicional o presencial: Donde los derechos y obligaciones se materializan y el trabajo se realiza en sitio;
Trabajo en casa: Donde también existe relación laboral y los elementos del tradicional, como materiales de trabajo y derechos, se trasladan a la casa; o,
El mixto: Que en función de las necesidades de las partes, puede recoger lo más adecuado de ambos modelos.
Todo acontecimiento disruptivo trae consigo oportunidades. Hoy podemos ser innovadores y transformar, con eficiencia, nuestro entorno laboral. ¿Te animas? En cuanto a la repercusión social que me ha acarreado la pandemia de COVID-19, este fin de semana es mi cumpleaños y, en lugar de reunirme con la mayoría de mis familiares y amigos, innovamos y festejamos en una especie de cumpleaños temático, muy, pero muy pocas personas y, sobre todo, con asistentes virtuales, círculos en el piso para indicar una distancia adecuada de 1.5 mts y acompañados, claro, por: Susana Distancia y Gelasio Antibac.

POR JOSÉ LUIS AYOUB

Publicado originalmente en: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/4/11/covid-19-la-transformacion-laboral-trabajo-distancia-presencial-167035.html

La explotación del sur humano en nuestras casas y en los núcleos sociales también es considerado trata de personas, pero son acciones que tenemos normalizadas

Que no esté legislado no significa que no exista. Bajo este argumento, en sentido legal, México se involucró con el concepto de trata de personas hasta el año 2003, cuando ratificó el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. En abril de 2007, se reformó el Código Penal Federal para adicionar el primer tipo penal sobre trata; y, en noviembre del mismo año, se publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Actualmente y desde el 2012, rige en México la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, misma que recogió de la realidad y con base en el Protocolo, 11 modalidades de explotación del ser humano, entre ellas, el matrimonio servil, la mendicidad forzosa y la explotación laboral, catálogo de delitos que comenté en la columna publicada en el número 1038 de El Heraldo de México.

Para no ir muy lejos, la primera Constitución Federal entró en vigor en 1824, y el primer Código Penal estatal, en 1835. Es decir, hace casi 200 años, pero no es sino hasta hace apenas 17 cuando la trata de personas ha sido medianamente traída a la luz.

Con datos de la CNDH, en la primera etapa de la ley, de 2007 a 2012, ¡sólo se registraron 93 sentencias condenatorias en todo el país!, poco más de 18 por año. Durante la vigencia de la etapa actual de la ley, de 2012 a 2017 se dictaron 581 sentencias condenatorias; un promedio de 116 al año. Los números, aunque incrementan, continúan siendo desalentadores.

Si bien, los tipos penales surgen a partir de 2007, ¿qué pasó antes de esa fecha con la explotación del ser humano en nuestros hogares o en nuestros núcleos sociales? ¿Nada? Claro que no. Sí sucedió, pero o lo teníamos normalizado o podríamos argumentar que no existía un marco de referencia para identificarlo. La cuestión es que normalizarlo, o no querer reconocerlo, no significó que la explotación no se estuviera presentando.

Veamos algunos ejemplos increíbles o “inocentes”, pero reales. ¿Qué pasaba cuándo un padre, contra la voluntad de su hija, la entregaba en matrimonio a cambio de dinero o algún pago en especie? ¿Costumbre o explotación? ¿La hija tenía derecho a decidir sobre su vida?, o cuando quien se hace cargo de una persona con discapacidad, la obliga a pedir limosna y, encima, le quita el poco dinero que percibe. ¿Ayuda mutua entre parientes o mendicidad forzada?

Un caso más común de lo que nos atrevemos a aceptar, posiblemente muy normalizado, cuando una persona “contrata” a un menor de edad para realizar servicios de limpieza en su hogar y le paga una miseria y el resto de lo que debería ser su salario “lo completa” con comida y con un trato: “como si fueras de la familia”, ¿explotación laboral, esclavitud o momento histórico donde no existía la norma? Antes y ahora, ¿es justo? ¿es humano? ¿es explotación?

Que antes de 2003 no se hayan establecido los comportamientos de explotación y trata de personas en una ley, no significa que no se presentaran. Claro, todo evoluciona y hoy, ya no tenemos pretexto para normalizar comportamientos y continuar replicándolos, si ese era el caso.

Hoy tenemos la oportunidad de comprenderlos y romper con estas “costumbres”, estar alerta y denunciar. Siempre he dicho que es mejor actuar y equivocarnos, que no actuar y dejar de proteger, sobre todo, a nuestras niñas y niños. Mejor pedir perdón a nuestro pariente o vecina por equivocarnos, que a nuestros niños toda la vida por no haber hecho nada. ¿Qué opinan?

POR JOSÉ LUIS AYOUB

Publicado originalmente en: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/3/28/trata-de-personas-normalizamos-la-explotacion-del-ser-humano-163401.html